Los medios de comunicación cumplen la importante función de mantenernos informados de los acontecimientos que mayormente afectan nuestras vidas personales y colectivas, para lo cual adoptan diversas perspectivas y formatos, donde el financiamiento pasa a jugar un factor decisivo para asegurar niveles mínimos de pluralidad, independencia y sostenibilidad en el tiempo de éstos.
Por ello la relevancia de la
reflexión que nos propone el Observatorio de Medios FUCATEL, respecto de la desproporcionada distribución de los recursos públicos destinados a publicidad en los diferentes medios escritos, radiales
y televisivos, de la que también se hizo cargo la Cámara de Diputados y sobre la cual los invitamos a estar al tanto…
El Estado prefiere a El Mercurio
Un estudio del Observatorio de Medios Fucatel, correspondiente a 2005 y citado por PF, reveló que El Mercurio se benefició con el 48% del gasto del Estado en publicidad en medios escritos, mientras Copesa absorbió el 29% de un total de 4.315 millones de pesos chilenos, equivalentes a 8 millones de dólares de la época, gastados por el gobierno central, municipalidades, servicios e instituciones del Estado, calculados al precio del valor agencia. Mientras el duopolio de Edwards y Saieh concentraba el 77% del total de esa inversión publicitaria, los diarios regionales, revistas y periódicos independientes percibieron apenas el 15%.
El gasto actual del Estado en publicidad en prensa escrita ascendería hoy a unos 9 millones de dólares, equivalentes al 25% de los 36 millones de dólares en que se estima el gasto publicitario total gubernamental. La televisión se lleva la mayor parte de los 27 millones de dólares restantes, en desmedro del medio radial. Los 9 millones que el Estado gasta en medios impresos representan el 1,3% del gasto público y privado en publicidad en Chile, estimado en 700 millones de dólares anuales, dato basado en informes de Megatime, que verifica la inversión publicitaria, y de otras empresas del rubro como Omnicom Media Group.
Según Fucatel, las carteras de Hacienda, Mideplán, Justicia y el Ministerio Público colocaron el 70% de su publicidad en El Mercurio, que recibió casi el 90% de los recursos publicitarios de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de las corporaciones públicas de Fomento (Corfo) y Nacional Forestal (Conaf) y del estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyos afiliados pertenecen en su mayoría a estratos socioeconómicos medios y bajos, lejos del perfil de los lectores de El Mercurio.
Investigación del Congreso
La Cámara de Diputados también se interesó en la
distribución asimétrica de la publicidad del Estado. El 17 de octubre de 2007 aprobó por unanimidad el informe de una Comisión Especial Investigadora del Avisaje del Estado, presidida por el diputado Marco Enríquez-Ominami. Su informe criticó la “discrecionalidad y concentración del gasto de la publicidad estatal” como fortalecedora del duopolio de los medios.
La Comisión, integrada por todos los sectores representados en el Parlamento y creada en junio de 2006, pidió una ley que regule la publicidad estatal y que el Estado asuma el deber de informar sobre las leyes que entran en vigencia, estableciendo mecanismos de apoyo a los medios locales o regionales.
“Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que su falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios”, concluyeron los 69 diputados que aprobaron el informe. Concluyeron que “la concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías” constitucionales de pluralismo y diversidad social, cultural y política.
También descubrieron que el Estado no sabe con exactitud cuánto gasta en publicidad en todos sus organismos, ya que los municipios, por ejemplo, son autónomos en sus gastos de propaganda y la Cámara de Diputados no puede fiscalizarlos. Recordaron que el Banco del Estado concurrió a la Comisión pero se negó a entregar información alegando una supuesta protección legal. Aunque la Contraloría le aplicó multas al “banco de todos los chilenos”, los diputados registraron que las empresas públicas deciden a su arbitrio y sin mayor control los gastos y métodos que utilizan para su publicidad.
La comisión valoró que la publicidad estatal “puede ser significativa para los medios pequeños y regionales”.
Los legisladores recomendaron una ley regulatoria de la publicidad oficial, que promueva transparencia y eficiencia en la contratación y selección de medios, recomendando un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, para mejorar su calidad, y así favorecer el pluralismo y la libertad de expresión.
Los diputados subrayaron que los medios distintos a las cadenas El Mercurio y Copesa-La Tercera pueden verse afectados “por las condiciones de contratación vigentes en Chile y atendiendo a que los criterios que se utilizan para la selección de medios son los datos de circulación y precio, que actualmente no miden a dichos medios”. Señalaron que el statu quo “atenta contra el pluralismo y favorece la concentración” de la propiedad de los medios.
Este informe de los diputados tuvo escasa o ninguna difusión en los grandes medios. Nunca más se oyó hablar del tema.
* Extracto del artículo publicado en la página web del Observatorio de Medios Fucatel - www.observatoriofucatel.cl - 09.03.2009
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